La creación del Plan Integral para el Abordaje de Consumos Problemáticos, aprobado por unanimidad en el Senado el pasado miércoles, ha generado una gran expectativa entre los profesionales tucumanos especializado en el tratamiento y prevención de las adicciones. La nueva ley, que tenía el visto bueno de Diputados desde el 14 de noviembre de 2012, establece, entre otros puntos, que las obras sociales, prepagas y demás prestadoras de salud deberán brindar gratuitamente la cobertura integral del tratamiento de las personas que padecen algún consumo problemático que, a su vez, quedará incorporado al Programa Médico Obligatorio. Es decir, que estos tratamientos estarán incorporados a la cobertura básica de cualquier obra social.
“Esto es particularmente alentador ya que la relación con las obras sociales en este tipo de tratamientos siempre ha sido problemática. Después de tomar la compleja decisión de buscar ayuda en un centro especializado, después de elaborar un presupuesto a la medida de sus necesidades terapéuticas, el paciente comienza a deambular por las obras sociales para ver quién puede colaborar en su tratamiento. Con mucha suerte consiguen cobertura en la parte farmacológica, en el supuesto caso que necesite medicación, pero no mucho más que eso”, explicó ayer en diálogo con LA GACETA el médico Gustavo Marangoni. Él fue uno de los pioneros en la provincia en el abordaje de las adicciones, primero con el Saena y luego con la Fundación CAIS. Esta última, de hecho, tuvo que ser cerrada a principios de año por las dificultades para sostener un equipo multidisciplinario de atención.
Que las obras sociales estén obligadas a contemplar estos tratamientos abre, al menos a primera vista, la esperanza de que cada vez más profesionales y centros de atención se animen a incluirlos entre sus servicios. Ramiro Hernández, médico director del centro Volver desde hace 10 años, es cauteloso en este aspecto. “No creo que la ley incentive la creación de nuevas instituciones, porque son muy difíciles de sostener y la mayoría de nuestros pacientes son de escasos recursos. De todos modos, la medida es verdaderamente alentadora porque a las ONG nos da un respaldo y pone al Estado como garante del tratamiento de salud que una persona necesita. Hasta el momento, casi siempre la historia termina en un litigio entre paciente y obra social”, señaló.
Cambio conceptual
Más allá de la obligación con la que correrán las obras sociales, los profesionales celebran otro punto: que deje de hablarse únicamente de adicciones y que se amplíe el concepto a “consumo problemático”. “Antes, cuando se hablaba de adicciones, se las relacionaba directamente al uso y abuso de sustancias, ya sean ilegales (marihuana, cocaína) o legales (psicofármacos), dejando afuera otras adicciones igualmente graves como el juego compulsivo. Por un lado la ley recientemente sancionada amplía este aspecto y, por otro, permite que no se llegue a la instancia de la adicción para poder tratar a un paciente, sino que se puede trabajar en la prevención. Lo que se necesita es que el que no consume siga sin hacerlo; que el que consume no abuse; que el que abusa no se haga adicto y que el adicto acceda a un tratamiento para salir de la dependencia”, explicó Hernández.
El proyecto de ley aprobado el miércoles y que fue presentado inicialmente por el diputado kirchnetista Horacio Pietragalla contempla que las obras sociales y prepagas deberán atender a quienes consuman estupefacientes, alcohol, tabaco, conductas compulsivas al juego, a las nuevas tecnologías, compras y alimentación, entre otras y que este consumo les genere problemas en uno o más aspectos de su vida, independientemente de si se los considere o no adictos.
En rigor, la cantidad de personas dependientes de sustancias u actividades como el juego compulsivo, es bastante bajo en relación a la cantidad de consumidores. “Se estima que sólo un 15% de los consumidores, sin distinguir sustancias, son diagnosticados como adictos, dependientes. Es un porcentaje bajo. Pero esto no quiere decir que sólo ese 15% tenga problemas vinculados al consumo. Una persona que toma alcohol y provoca un accidente de tránsito tiene un consumo problemático, pero no se puede decir que sea un adicto”, ejemplificó Braulio Fanlo, psicólogo del Servicio de Prevención y Asistencia de las adicciones del Hospital Avellaneda, equipo que atiende a la enorme mayoría de pacientes con estas problemáticas.
A pesar de que el sistema público, según Fanlo, no se encuentra colapsado, sí se advierte una demanda en crecimiento. Para este psicólogo, el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos creado por esta nueva ley sí alentará a la especialización de los profesionales y abrirá el juego hacia el sector privado, que en este momento tiene escasa participación en estos tratamientos.
A nivel estatal, actualmente Tucumán cuenta con opciones de tratamientos ambulatorios, el hospital de día del Hospital Avellaneda y el centro de internación Las Moritas. Además se trabaja en el abordaje de las adicciones desde ONGs e instituciones religiosas. La ley sancionada el miércoles, además, prevé la generación de diferentes espacios en el territorio del país “que van a ser los grandes articuladores para la asistencia primaria y contención, según declaró el diputado Pietragalla. “Sin embargo, la creación de nuevos centros en todo el país suena más a anhelo que a una realidad”, expresó Hernández.
Ayer comenzó a correr el calendario. El Ejecutivo nacional tiene 10 días hábiles para observar esta ley que contó con el voto unánime tanto en Diputados como en Senadores. Ese plazo se cumplirá el viernes 16 de mayo y, de no haber objeciones, la ley entrará en vigencia de inmediato. Según Hernández, las obras sociales ya están planeando cómo adecuarse a la nueva medida y, hasta el momento, ha recibido dos consultas puntuales pidiendo asesoramiento al respecto.
Abordaje integral
- El tratamiento para las adicciones o consumo problemático comienza, explica el médico Ramiro Hernandez, con un buen diagnóstico, que establezca si el paciente es o no adicto.
- Un médico analiza los efectos físicos que ha causado la droga y si el paciente necesita o no medicación.
- Un psicólogo busca el porqué del comportamiento.
- Los trabajadores sociales abordan el entorno social del paciente.
- Los operadores socioterapéuticos trabajan sobre la reinserción social del paciente, una de las patas más importantes.